SERVICO DE EMERGENCIA Y GESTIÓN DE FALLECIMIENTOS POR EL COVID-19, DE PERSONAS MAYORES TUTELADAS

La convivencia de más de una patología ligada al proceso de envejecimiento y la aparición de diferentes problemas de salud, provocan una pérdida de autonomía que acaba desembocando en una situación de dependencia. El proceso es judicial y finaliza con una sentencia del juez que designará quién es el tutor.

PROVEA, como institución tutelar, suple las facultades de entendimiento y decisión de las personas tuteladas para que puedan ejercer todos sus derechos y obligaciones. La Fundación, bajo supervisión judicial, garantiza la mejor calidad de vida de la persona incapacitada. Cuando hablamos de la tutela de una persona mayor, hablamos del control y apoyo en toda su esfera personal y patrimonial, es decir, en todos los aspectos básicos y diarios de la vida de una persona. Por lo tanto, las funciones de la entidad, son tan diversas como las que podría tener cualquier padre de familia, a la hora de organizar su vida cotidiana. Esta actuación se desarrolla en colaboración con la administración pública, juzgados, otras entidades tutelares y centros residenciales.

PROVEA lleva a cabo este proyecto desde hace 17 años. La actual crisis provocada por el COVID-19 nos ha obligado a organizar unos protocolos de actuación claros y de seguridad, para garantizar la continuidad del proyecto de intervención. Hemos reforzado la atención a las personas mayores que atendemos, para disminuir los estados de miedo y estrés con que lo están viviendo, pero de manera telefónica, al no disponer de material de protección homologado, y ser personas de alto riesgo. Se ha ampliado y reforzado el seguimiento en los centros residenciales a través del área social, y el servicio de emergencia de la Fundación, activo las 24 horas del día para dar respuesta a diversas actuaciones y a la gestión de los fallecidos. Este servicio se ha reforzado con una persona más.

De las 85 personas tuteladas por la Fundación, desde el estado de alarma por el COVID, han habido 15 fallecimientos que vivían en centros residenciales. De éstos, un 80% por COVID y el resto por causas naturales. En domicilio, siguen viviendo 15 personas solas con el apoyo de cuidadores, a las que por ahora no se les ha podido realizar el test. En las residencias, se ha empezado a hacer la prueba, y un 10% ha dado positivo, en previsión que esta cifra aumente. Desde el servicio de emergencias se ha dado respuesta a 30 casos que residían en centros residenciales

PROVEA tutela personas mayores, en más de 50 centros residenciales de la provincia de Cataluña. Y para ello cuenta con un equipo de 8 profesionales.
Personas mayores, afectados por una enfermedad neurodegenerativa e incapacitados judicialmente. Un 95% viven en centros geriátricos. Los que lo hacen en su domicilio, acostumbran a estar en alquiler, y en condiciones lamentables. Sus patologías principales son Alzheimer, demencia senil y/o Parkinson, a las que se suelen añadir otros problemas de salud, como la pérdida auditiva o visual. La mayoría cobran una pensión mínima de jubilación, viudedad o no contributiva. A menudo padecen situaciones de soledad no deseada.

El COVID-19 que afecta a toda la ciudadanía, deja constancia, una vez más, de la discriminación que sufren las personas mayores, con especial impacto entre las más vulnerables y con discapacidad y dependencia.

Fundación Privada ProVellesa Autònoma (PROVEA)

PROVEA se constituye el año 2003 como institución tutelar, para ofrecer una atención integral a las personas mayores de 65 años con enfermedades neurodegenerativas e incapacitadas legalmente, con el fin de cubrir sus necesidades de apoyo, protección y garantía de todos sus derechos, y garantizar la mejora de su calidad de vida.

Estamos comprometidos con la atención de las personas mayores, desde hace 17 años.

Trabajamos sobre 3 ejes de actuación:
– Tutela. Tutelar es guiar, apoyar y ayudar a una persona a tomar decisiones ante cualquier situación vital, ya sea física, residencial o social.
– Autotutela. Acompañamos a las personas a programar la atención de sus necesidades futuras, en caso de incapacitación.
– Prevención. Visibilizamos el abuso económico y otros casos de maltrato, a la vez que impulsamos un cambio en el marco social y legal, haciendo un trabajo conjunto con otras entidades vinculadas a las personas mayores.

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